tributos_25-11-11El Registro Oficial publicó ayer la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Recursos del Estado (reforma tributaria), con lo cual entró en plena vigencia el cobro de los nuevos impuestos.

Según informó el director del Registro Oficial, la ley llegó desde Carondelet, a las 09:00. Hacia la tarde fue publicada en el suplemento del Registro Oficial 583 tanto de manera virtual como en físico.

Entre tanto, Hernán Dávila, juez segundo de Tránsito de Pichincha, negó el pedido de medidas cautelares constitucionales que había hecho, el miércoles pasado, el asambleísta Gilmar Gutiérrez (SP), a fin de impedir que el Registro Oficial publicara la norma.
Gutiérrez, en calidad de ciudadano, presentó el pedido judicial. Sin embargo, pocas horas después este fue negado argumentando que “el accionante no ha justificado que exista la amenaza inminente y grave a los derechos a los que hace relación”.

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El legislador había planteado que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se equivocó al admitir con trámite extraordinario (económico urgente) una ley tributaria, que según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debía ser tratada por trámite ordinario. Además, Gutiérrez había explicado que publicar la ley atentaría contra varios derechos. Entre ellos, los de vivir en democracia, de participación y seguridad jurídica. Pero la oposición legislativa y los empresarios no se resignan y aparentemente habrá una serie de demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley. Ayer, los asambleístas Ramiro Terán (MPD) y Magali Orellana (Pachakutik) anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad. Consideran que el Ejecutivo no debió enviar con carácter económico urgente un proyecto tributario que, según la ley, debe ser tratado por vía ordinaria.
Los asambleístas insistieron en que la Asamblea ya negó el proyecto y que la publicación en el Registro es una muestra más del irrespeto a la ley y a la Constitución por parte del presidente de la República.

Adicionalmente, Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, una vez que fuera publicada en el Registro.

Además, dijo, que como ciudadano impulsará una revocatoria del mandato de los asambleístas de Pichincha que no permitieron que se debata la normativa y pase por el ministerio de la ley.

“Estoy seguro de que contaré con el respaldo de cientos de miles de ecuatorianos que estamos cansados de tener unos asambleístas irresponsables, vagos, alzabrazos, que increíblemente cambian de posición, se olvidan de cuál es el botón que tienen que aplastar, salen de las sesiones, no concurren a las comisiones”, agregó.

La demanda de inconstitucionalidad está lista y se basará en que con “una ley ordinaria se pretende modificar una ley orgánica”.

El efecto de la ley, según Peñaherrera, es que “todo va a ser más caro: los electrodomésticos, la ropa, el calzado y gran parte de los productos que se confeccionan aquí”, que lo atribuyó a la elevación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Asimismo, gremios empresariales, en una publicación en varios medios, pidieron que no se publique la ley en el Registro, ya que los tributos no han sido aprobados por la Asamblea. “Decisiones de esta naturaleza ahondan los conflictos de seguridad jurídica, participación ciudadana y respeto a la división de poderes”.

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